QUE SE MUEVAN LOS BULLDOZERS. LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE VIVIENDA MIRADA A TRAVÉS DE LA ECONOMÍA POLÍTICA por Nicolás Valenzuela

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Acogiendo el llamado a reflexionar en torno a la deuda habitacional, se propone elaborar un planteamiento centrado en el problema de la economía política de la vivienda social en Chile[1]. El enfoque de “economía política institucional”, según Chang (2002), implica analizar cómo los mercados, el Estado y la política se relacionan para que el entorno institucional adquiera una forma determinada. Khan (1995) plantea que este análisis debe poder comprender el “acuerdo político” – political settlement – imperante en una sociedad.

El principal supuesto entre la relación del Estado y el mercado para construir una vivienda, debe ser entendida en su doble condición de política social (distribución) e industrial (productividad), ya que el acuerdo se basa en los resultados incluyendo los dos ámbitos, por ende, se discutirá la opción de que se pueda centrar en la disminución de la desigualdad como resultado.

En este sentido, la indagación argumenta cómo se puede organizar la industria entregando el desarrollo de la vivienda social al Estado, fomentando una mayor competitividad en el mercado privado de la construcción, manteniendo los niveles de productividad, logrando que la política social deje de fallar, y que la vivienda social aporte a la disminución de la desigualdad.

A continuación se demostrará lo siguiente:

    1. Entre 1964 y 2005 una productividad equivalente de la industria de vivienda social se logró con el Estado, siendo el desarrollador de los proyectos junto con el sector inmobiliario en dicho papel. Por lo tanto, la privatización del rol no implicó aumento de la productividad, como normalmente se asume.
    2. El aumento de la productividad desde el primer gobierno de Michelle Bachelet se debe al uso de la industria de vivienda social como instrumento de activación económica y generación de empleo, a través del sector de construcción, lo cual puede hacerse de igual forma con el Estado como desarrollador en lugar de aquellos que son inmobiliarios privados.
    3. Analizando casos producidos entre 2008 y 2010, ha sido el sector público el rol desarrollador el que entregó las mejores localizaciones.

1. El acuerdo político reflejado en la producción de viviendas sociales

El acuerdo político es “una combinación interdependiente de estructura de poder e instituciones a nivel de una sociedad, logrando ser al mismo tiempo ‘compatible’ y ‘sustentable’ en términos de viabilidad económica y política” (Khan, 2010:20). Khan consideró que un acuerdo político es identificado cuando existe un “sistema político e institucional que tiene características reproducibles en el tiempo”. Lo fundamental, implica una “estructura institucional que crea beneficios para diferentes clases y grupos en línea con el poder relativo que poseen. La noción de un acuerdo político como un entendimiento estable entre élites (…) sólo es viable si a su vez se sostiene internamente por una combinación de instituciones y una distribución de poder entre grupos organizacionalmente poderosos dentro de dicha sociedad” (Op. cit.). No estamos hablando de “pactos políticos”, en el sentido de quienes gobiernan, sino en un orden social que logra equilibrar el funcionamiento de las instituciones, sobre todo el Estado y el mercado, sin que su desempeño económico colapse o se genere violencia por no calzar con el poder relativo de los distintos grupos de la comunidad. A lo largo del texto veremos ejemplos de cómo el factor de productividad y distribución son permanentemente la clave de este acuerdo para el caso de la vivienda social. Lo anterior no quiere decir que los grupos que “presionan” participen del gobierno, sino que muchas veces sean éstos los primeros que se oponen y los que reaccionen a través de un nuevo grado de distribución.

Desde su origen, las políticas habitacionales están ligadas con el entorno político, lo cual puede analizarse en las revisiones de los más de cien años de su historia (Castillo e Hidalgo, 2007; MINVU, 2004). Por ejemplo, la aparición de proyectos de vivienda obrera en 1906 coincide con un momento álgido en términos políticos. Pinto (2013) describe el fortalecimiento del movimiento obrero entre las décadas de 1890 y 1900. La cruenta matanza de obreros del salitre en la Escuela Santa María de Iquique, en 1907, o la fundación del Partido Obrero Socialista en 1912, así como la discusión en torno a la celebración del centenario de la independencia, ilustran un período lleno de tensiones (Valenzuela, 2012b). La creciente importancia del movimiento obrero puede explicar políticamente el surgimiento de la vivienda obrera en Chile en 1906.

 

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Fig. 1: Promedios anuales de viviendas construidas con fondos públicos en Chile por períodos. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

 

¿Qué efecto tuvo esto en la industria de vivienda social? La figura 1 muestra la producción anual por períodos según información de cifras oficiales (MINVU, 2004; Lawner, 2013). A partir de 1906, se expresó mediante la vivienda el hecho de que surgió, en el acuerdo político imperante, la necesidad de distribuir como parte de la “cuestión social”.

Al mirar estos datos es posible comprender cómo en la década de 1950 se acelera la construcción de viviendas, lo cual puede asociarse al surgimiento y presión del movimiento de pobladores en el mismo período (Garcés, 2002). Es posible identificar un proceso de acumulación de fuerza de los sectores políticos de izquierda en el país, con fuertes impactos en el carácter de los gobiernos desde el Frente Popular entre 1936 y 1941 (Casals, 2010), y la tensión entre las “revoluciones” de Eduardo Frei M. y Salvador Allende a partir de la década de 1960. A pesar de las fuertes diferencias políticas entre dos de los llamados “tres tercios” políticos de la época (Valenzuela, 2013), el acuerdo político del Estado de Compromiso vio una profundización y aceleración de la provisión de derechos sociales (Marshall, 1950), donde la vivienda fue central. El proceso político vivido en el país se refleja claramente en la productividad de la industria nacional de viviendas sociales.

Luego corresponde la implementación de lo que Manuel Gárate (2012) denomina la “Revolución Capitalista” desde mediados de la década de 1970, por parte de la dictadura. Gilbert (2002) hace un detallado recuento de cómo las recetas del Consenso de Washington (Williamson, 1990) se implementaron en Chile a través de un fuerte rol de los tecnócratas de la dictadura en contacto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El modelo resultante implicó el retiro del Estado del desarrollo directo de la producción de oferta de vivienda, reduciéndose, como se explicará más adelante, a algunas notables excepciones. El sistema se basó en la entrega de vouchers a la demanda, con provisión privada: es decir, “crear” un mercado inmobiliario de viviendas económicas a través del subsidio, según la receta del Consenso de Washington y los teóricos del “public choice” y “State failure(Krueger, 1990; Findlay, 1990). Este sistema se ha mantenido, con evoluciones menores en su mecánica, hasta la actualidad (Sabatini y Wormald, 2013).

2. La productividad de la industria de vivienda social

Para analizar la productividad de la industria, se propone realizar una ponderación por la población nacional, lo cual permite comparar la producción en perspectiva histórica, y también entre países de muy distintos tamaños. Así, se construye una especie de símil al “PIB per cápita”, pero para mirar la oferta de vivienda social. Los datos se mostrarán en términos de viviendas construidas por año cada 100 mil habitantes[2] (En adelante, VAH) (Ver figura 2).

 

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Fig. 2: Viviendas con financiamiento público asignadas por año, por cada 100.000 habitantes (VAH), por gobierno (1964-2014) Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y datos de población nacional del Instituto Nacional de Estadísticas.

 

Un resultado fundamental de este análisis es que la productividad mostrada por cada gobierno entre 1964 y 2005 se movió en un rango entre aproximadamente 400 y 500 VAH. La producción de viviendas disminuyó al implementarse las reformas pro-mercado de la dictadura y mantenerse en democracia; los niveles alcanzados en el gobierno de Salvador Allende no lograron alcanzarse nuevamente hasta el gobierno de Ricardo Lagos, luego de 27 años. Los gobiernos de Frei Montalva y Allende corresponden a mayor participación del Estado en el desarrollo de los proyectos, mientras que los gobiernos de Pinochet, Aylwyn, Frei Ruiz-Tagle y Lagos corresponden al sector privado operando el mercado subsidiado. Estos datos permiten afirmar que la productividad de la industria de vivienda pública[3] en Chile no aumentó al disminuirse el rol del Estado y crearse el mercado inmobiliario de vivienda económica, según las recetas el Consenso de Washington. Contrario a la creencia común, el uso de los subsidios a la demanda no implicó una mayor productividad cuantitativa de la industria de viviendas sociales. Después de más de treinta años de uso de estos subsidios, la industria sólo aumentó notablemente su productividad desde el primer gobierno de Bachelet en adelante.

Para entender esto último, es necesario revisar el contexto histórico en el que dicho gobierno debió desarrollarse, fuertemente marcado por la crisis financiera global de 2008-2009. El 4 de noviembre de 2008, la presidenta convocó a la prensa junto a su Ministro de Hacienda, Andrés Velasco. La razón era el clima de incertidumbre ante los impactos de la gran recesión mundial que implicarían que Chile pasara de un crecimiento de 4,7 por ciento del PIB en 2007, antes de la crisis, a -1,7 por ciento en 2009 (French-Davis y Heresi, 2011), por ende se anunciaron medidas de reactivación que se basaban principalmente en subsidios a la vivienda, lo que se reforzó con nuevos anuncios durante 2009. La sección Negocios del diario La Tercera tituló “Bachelet anuncia subsidios y medidas tributarias por más de US$1.000 millones para enfrentar crisis externa” (Cañas, 2008); el mismo suplemento de el diario El Mercurio, “Bachelet anunció que se aumentará la cobertura de los beneficios del subsidio habitacional para viviendas nuevas y usadas” (2008).

Adicionalmente, el 2010 Chile sufrió un terremoto de magnitud 8.8 grados Richter, implicando una sobre demanda de al menos 288 mil viviendas, a las cuales igualmente se respondió con aumento de los subsidios disponibles (Valenzuela, 2012d), lo que explica las VAH durante el gobierno de Piñera.

El efecto de las medidas de activación económica implicó que el gasto del Estado pasara de 18,1 y 18,8 por ciento del PIB en 2006 y 2007, respectivamente, a 21,3- 24,5- y 23,6 por ciento en 2008, 2009 y 2010 (French-Davis y Heresi, Op. cit.). Estas medidas fueron alabadas a nivel planetario. La revista norteamericana Foreign Policy tituló “Chile’s Countercyclical Triumph” – “El triunfo contracíclico de Chile” – (Frankel, 2012) y el Ministro de Hacienda realizó orgullosas declaraciones en el periódico New York Times (Barrionuevo, 2009). The Economist (2009) comentó en su editorial el paquete de medidas, diciendo que “el desafío es hacer que se muevan los bulldozers” y que “gran parte del dinero irá a viviendas para los pobres”, agregando una cita a Velasco: “buscamos proyectos que se puedan hacer rápido”. Así fue como en el acuerdo político apareció la industria de vivienda subsidiada como una de las principales medidas de reactivación económica, puesto que implicaba activar la construcción y, por lo tanto, crecimiento y empleo. Estas medidas se han continuado utilizando después de casi una década: por ejemplo, en abril de 2015 el Banco Santander incluyó en sus informes sectoriales que “los segmentos más dinámicos serán la construcción de vivienda pública, estimulada por el Programa Extraordinario de Reactivación e Integración (US$ 2.600 millones)” (Banco Santander, 2015). Así queda clara la incorporación definitiva de esta nueva dimensión en el acuerdo político en torno a la vivienda social.

En suma, podemos ver que la productividad entre 1964 y 2005 se mantuvo en un rango de entre 400 y 500 VAH, sin que el cambio al modelo de subsidios a la demanda aumentara la productividad, hasta el gobierno de Bachelet. Este rango es similar al alcanzado en 2014 por China, por ejemplo, que construyó 440 VAH, aunque en 2015 anunció la construcción de “36 millones de viviendas de costo accesible” (Yonghui, 2014) lo que implicaría multiplicar por más de seis veces la productividad, llegando a dos mil 639 VAH. Adicionalmente, a pesar de los fuertes estímulos, la productividad de la industria de la vivienda subsidiada en Chile parece tener un límite en torno a las mil 150 VAH.

La discusión del caso Chino que realiza Li’na (2014), permite comprender cómo la política industrial de vivienda, es decir la activación, estímulo y planificación de una industria específica a través de la acción activa del Estado (Chang, 2005; Evans, 1995), se pone en el centro de la estrategia de desarrollo económico nacional. La misma autora revisa cómo en el período de 1973-1993, en países denominados desarrollados, como Japón, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, el peso de la inversión en vivienda como porcentaje del Producto Interno Bruto por año llegó a ser 8,4 – 5,8 – 7,1 – 4 y 7,4 por ciento respectivamente. Sin embargo, estas medidas de activación económica no requieren que el sistema se base en subsidios a la demanda. Li’na (Op. cit.: 76) explica cómo el aumento de recursos para la construcción de viviendas sociales se aplicó también en China luego de 2008, donde el sistema se parece al existente en Chile antes de la dictadura, con gestión directa del Estado.

El caso chino permite compararnos con una de las industrias de vivienda más dinámicas de la actualidad, considerando el intenso proceso de urbanización de la población y crecimiento de áreas urbanas que experimenta dicho país. Para tener una perspectiva respecto a uno de otros países con los que Chile se compara usualmente, es útil Corea del Sur. Allí, entre 1998 y 2003 se construyeron 96 mil viviendas anuales (Selvanayagam, 2012), lo cual implica 200 VAH. Mirando a vecinos más cercanos, usando cifras de Magalhaes (2014) para Brasil podemos cifrar su productividad reciente en 138 VAH. Por lo tanto, vemos que el impulso dado desde la década de 1950 elevó a Chile a productividades que duplican las actuales de países recientemente industrializados, llegando a los niveles de China contemporánea. Desde 2007, en adelante se pasó a una etapa en la que esa productividad casi se triplicó, producto de la transformación de la industria de vivienda social en un espacio de aplicación de paquetes de activación económica.

Según la Sociedad de Fomento Fabril, el 2014 la industria de la construcción correspondió al 7,3 por ciento del PIB en Chile (SOFOFA, 2015). Para ejemplificar el impacto de la política industrial de vivienda social para el caso chileno, en 2007 el 50 por ciento de los metros cuadrados construidos en el país correspondían a vivienda, de la cual el 70 por ciento pertenecía a proyectos que recibían subsidios del Estado (Rebolledo, 2011). Aunque normalmente no sea nombrada de esta manera, cuando hablamos de políticas habitacionales, al mismo tiempo que hablamos de derechos sociales, estamos hablando de la política industrial de vivienda. Una pregunta fundamental, al configurarse producto de un acuerdo político específico, es qué resultado espera ese acuerdo político en ambas dimensiones.

3. La falla de la política social

La alta productividad de la industria ha ocurrido junto a la falla del sector habitacional como política social. Trabajos como el de Tironi (2003) o Rodríguez y Sugranyes (2004) plantearon el concepto de la “nueva pobreza urbana” o el drama de “con techo” para explicar que el éxito cuantitativo de las políticas habitacionales chilenas, apuntaban a ciertos términos que era eliminar al mínimo los asentamientos informales y lograr que el 99,5 por ciento de toda la población resida en vivienda formal[4], además arrojó nuevas dificultades en materia de segregación, expulsión de pobres de las cercanías a los mercados de trabajo, y concentración de patologías sociales. Esto ha implicado la presencia de casos en que las viviendas sociales entregadas a los pobres se desvalorizan en lugar de valorizarse en el tiempo – como normalmente se espera respecto a un activo inmobiliario (Valenzuela, 2011). Sabatini et al (2010) demostraron cómo la localización de la vivienda condiciona enormemente el acceso a oportunidades de aumento de ingresos para los hogares pobres (Ver además Sabatini y Wormald, 2013).

Las razones de este fenómeno pueden explicarse recurriendo al concepto de “cadena de conversión del suelo” utilizado por Duncan (1989), según quien los agentes fundamentales de la cadena son (a) los dueños de suelo, (b) desarrolladores, (c) los constructores y (d) los propietarios/ocupantes. Para efectos de esta discusión, la gestión fundamental de la oferta de vivienda quedará entendida como la labor de los desarrolladores. Éstos son los responsables principales de la gestión comercial y financiera de los proyectos, su diseño, y controlan la inversión y la transacción final de los productos: en resumen, la condición de existencia de la producción depende de este eslabón. Los constructores, en cambio, circunscriben su acción al proceso de producción física de las unidades de vivienda, pero no deciden si los proyectos se realizan o no. Aquí es fundamental volver a los comentarios de Velasco y la editorial de The Economist. Lo que se buscaba con las medidas de reactivación desde 2008 es estimular la actividad de los constructores – “que se muevan los bulldozers” –, y el mercado inmobiliario subsidiado era su condición de posibilidad: lo buscado no es aumentar la renta del suelo, sino aumentar la demanda por trabajo y e insumos.

Si bien se entiende que el papel de “los desarrolladores” y “los constructores” en la cadena implica necesariamente colaboración, el mismo Duncan reconoce diferencias fundamentales en su racionalidad e, inclusive, en la naturaleza del tipo de valor que producen, distinguiendo entre ganancias que tienden a ser por ingresos no productivos por parte de los desarrolladores (generadas por comprar suelo barato y vender viviendas al mayor precio posible) y productivos entre los constructores (generadas mediante la innovación tecnológica o el aumento de productividad del trabajo y el capital). Este elemento es clave, puesto que una política industrial que fomente los ingresos productivos podría implicar una mayor competitividad y generación de valor agregado en el sector construcción en Chile, abriendo posibles beneficios que van más allá de los resultados en términos de la localización de las viviendas sociales.

En el caso chileno, la segregación y expulsión de pobres lejos de las oportunidades se producen porque los desarrolladores buscan aumentar sus ganancias con un precio que se mantiene determinado por el subsidio. Por esta razón, las ganancias se aumentan a través de la operación del suelo: encontrar terrenos baratos y/o de gran tamaño. De esta manera, la cadena de conversión del suelo integra verticalmente a dueños del suelo, desarrolladores y constructores, para generar ingresos no productivos. Brain y Sabatini (2006) y Brain (2010) explicaron cómo los aumentos de subsidios que buscaban mejorar la localización extendiendo los recursos para comprar terrenos mejor ubicados, han sido absorbidos por los dueños del suelo, encareciendo aún más la tierra y continuando con la expulsión de los pobres urbanos lejos de la periferia.

Como demostraron Sabatini y Wormald (2013), la localización es el elemento clave que determina una menor posibilidad para acceder al trabajo y superar la pobreza, a través de la segregación y expulsión lejos de las oportunidades. Tal como plantean estos últimos autores, lo cual es respaldado por la opinión medida entre los grupos más vulnerables, “para mejorar la política de vivienda social, el Estado debería priorizar la localización antes que el tamaño de las casas” (Op. cit.: 17). De esta manera, queda claro, que el resultado que debe cambiar es la localización de las viviendas para que la política social deje de fallar. Las conclusiones de Sabatini y Wormald provienen de comparar varios casos que tienen mala ubicación exceptuando algunas que lograron insertarse en sectores de terrenos más caros. Sin embargo, estos autores no profundizan en cómo producir resultados que escapan a la regla de la segregación y la expulsión.

A través de los municipios, la inclusión del sector público ha generado las excepciones con mejor localización (Valenzuela: 2012a). De hecho, el caso principal que revisan Sabatini y Wormald (Bosques de La Villa, en la comuna de Las Condes) fue gestionado por la Municipalidad respectiva (Diaz, 2008). ¿Es éste un fenómeno aislado o una tendencia? Esta fue la principal pregunta detrás del análisis de 235 proyectos de vivienda construidos entre 2008 y 2010, correspondientes a 21 mil 759 familias, localizados en dos regiones del país[5]. La inclusión desde 2005 de los municipios junto a ONGs y la empresa privada dentro de los “desarrolladores”, en lo que se denominó “Nueva Política de Vivienda” (MINVU, 2006), permitió analizar en términos empíricos los efectos en la calidad de la localización según distintos tipos de organización de la producción a través de la cadena de conversión de suelo. La calidad de la localización fue medida a través de aspectos objetivos de la “estructura de oportunidades” (Galster y Killen, 1995), gracias a datos públicos que pueden obtenerse a nivel territorial en Chile, construyeron un indicador comunal con dimensiones de educación, valorización inmobiliaria y conectividad con los mercados de trabajo.

El estudio arrojó, primero, que, a pesar de que la política se diseñó para excluir al Estado del desarrollo de los proyectos, una de cada 20 viviendas entregadas fueron gestionadas por el sector público. Segundo, que es posible comprobar que la gestión de los municipios como desarrolladores entrega mejores localizaciones: con los mismos costos en términos de inversión del Estado central, producen mejores resultados. A su vez, la calidad de localización entregada por las empresas es la peor. Las ONGs obtienen los peores resultados cuando sólo se analiza la dimensión acceso a educación[6]. El análisis del tamaño de los proyectos mostró cómo la tendencia a comprar terrenos de mayor tamaño y concentrar a la población pobre beneficiaria de los subsidios ocurre principalmente en el caso de las empresas privadas, sin tener buenos resultados al realizar algunos intentos para regularlas (Ver análisis del caso de las comunas de Talca, San Clemente y Maule en Valenzuela, 2012c).

Comentarios finales

Hasta aquí podemos afirmar que existen en Chile casos en que se ha producido mejor localización de viviendas sociales, los cuales han sido producidos por el sector público como desarrollador. Por otro lado, la falla de la política social ocurre por la acción del mercado inmobiliario, producto de la búsqueda de ingresos no productivos en la cadena de conversión del suelo posibilitada por los subsidios. Esto se suma al hecho de que los paquetes de estímulos económicos para la construcción, a través de la industria de la vivienda, han ocurrido en países como China mediante modelos distintos chilenos basados en el voucher entregado al mercado inmobiliario.

Usando el modelo de Duncan, no hemos cuestionado el papel de los constructores, ya que son ellos los que producen el empleo y la reactivación, y no los dueños de los terrenos ni los desarrolladores. La clave sería, entonces, mantener la productividad de la industria de vivienda social, trasladando el rol de los desarrolladores al Estado. Para la participación de las constructoras existen mecanismos de contratación pública competitiva. Probablemente, habría que sincerar el hecho de que la rentabilidad ya no se generara, para las empresas, en la operación del suelo. Al competir por eficiencia para rentar en la construcción, el beneficio se transformaría fuertemente en un problema de tecnología edificatoria, para generar ingresos productivos. Adicionalmente, el Estado tendría que asumir una tarea de planificación, diseño y gestión en general, a lo que se suma una nueva estrategia frente al mercado de suelos, que cambiaría radicalmente su funcionamiento.

Si ni la productividad, ni beneficios de estímulo económico requieren que el desarrollo de los proyectos esté en manos del sector inmobiliario, y si sabemos que una mayor presencia del Estado en dicho papel puede mejorar los resultados de la política social ¿por qué no desarrollar la vivienda social desde el Estado, y aumentar el valor social y productivo del sector de la construcción, a través de una nueva política industrial de vivienda social?

Notas:

[1] Agradezco a Vicente Burgos y Carlos Figueroa sus comentarios durante el desarrollo de este texto.

[2] Para los casos internacionales se utilizaron datos del Banco Mundial, y para la serie histórica chilena del Instituto Nacional de Estadísticas.

[3] Las cifras del MINVU incluyen todo tipo de subsidios, incluyendo algunos destinados a reparación de viviendas sociales y a subsidies para la “clase media”. Los datos se muestran agregados. De todas maneras, para efectos del argumento, no significan una diferencia, puesto que una desagregación sólo restringida a viviendas sociales nuevas disminuiría todavía más la productividad después de la implementación del modelo de subsidios respecto de la etapa anterior.

[4] Según datos sobre campamentos del Ministerio de Desarrollo Social, ponderados por la población definida por el Instituto Nacional de Estadísticas, actualizados al año 2011.

[5] En la investigación citada se incluyó a las regiones Metropolitana y Maule, de tal manera de poder distinguir entre los fenómenos de la gigantesca área metropolitana de Santiago respecto de una región con características similares al resto del país. Adicionalmente, el caso de Maule permitió contrastar las tendencias del mercado inmobiliario de vivienda social con la situación de los afectados por el terremoto de 2010. El período 2008-2010 es útil para identificar el comportamiento del mercado en contexto del uso de los subsidios como medida económica, y anticiparse al momento del impacto de las políticas de reconstrucción, que alteran la demanda física en la composición del déficit habitacional (Valenzuela: 2012a).

[6] Esto se puede explicar porque la mayor parte de las ONGs tienen carácter “vocacional” y operan donde hay gobiernos locales con menor capacidad de gestión. Dado que la educación pública escolar depende de los municipios, y el indicador media su desempeño, es esperable que las ONGs tiendan a localizar proyectos de vivienda donde habrán peores indicadores de educación.

ACERCA DEL AUTOR

Nicolás Valenzuela Levi
Arquitecto Pontificia Universidad Católica de Chile (2012)
Magister Desarrollo Urbano Pontificia Universidad Católica de Chile (2012)
Ex Secretario Comunal de Planificación Municipalidad de Providencia (2012-2015)
Graduate Student Centre of Development Studies University of Cambridge (2015-a la fecha)
ICA: 11212

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