La posibilidad de entender la vivienda como capital, no sólo depende de su condición material sino también de su capacidad de retener valor y más aún de incrementarlo. Consecuentemente, es importante construir una primera noción de valor. Turner argumenta que los valores reales asociados a la vivienda son los que yacen en la relación entre actores, sus actividades y sus logros (1979, p. 62). Por una parte, esos actores incluyen aquellos que experimentan la vivienda como un resultado, pero también incluyen a los que participan en el proceso de producción completo. El rol de cada actor y los vínculos entre ellos son al mismo tiempo altamente determinados por el contexto social, político y económico. Según Harvey, estos contextos actualmente son dominados por la acumulación de capital a través de los mercados de intercambio (2003, p. 940). Entonces, es necesario entender la idea de valor desde la perspectiva del capital. En este contexto social y físico capitalista caracterizado por la circulación de capital bajo la forma de mercancías, la vivienda se ha transformado en uno de ellos, siendo producida e intercambiada bajo las leyes de oferta y demanda. Dentro de este marco y de acuerdo a la teoría del capital, es necesario diferenciar entre valor de uso y valor de intercambio. El primero captura el lado material de las mercancías en relación a necesidades y deseos humanos y el segundo representa la forma básica en que la sociedad capitalista funciona, adquiriendo un cierto monto de valor de uso por una específica suma de dinero (Harvey, 2006).
Desde la visión más simple, el valor de uso de vivienda es representado por su provisión de refugio. Sin embargo, dada la existencia de una multiplicidad de estas construcciones, hace que el aspecto cualitativo sea relevante. Turner argumenta que el valor de uso real de vivienda debe medirse en términos de cuán bien la vivienda sirve al residente (1979, p. 114), posicionando la calidad como el principal parámetro para evaluar valor de uso y al residente como el individuo validado para evaluarlo. Sin embargo, Harvey va más allá, sentenciando que las mercancías también deben producir valor de uso para otros bajo la forma de valor social de uso (2006, p. 8). Esta interpretación colectiva adquiere especial relevancia en el contexto de vivienda porque no sólo involucra la producción de unidades, sino también de barrios y ciudades que incluyan la interacción de los residentes a diferentes escalas y sus vínculos con las redes urbanas.
Desde una perspectiva capitalista, el valor de una mercancía como vivienda puede expandirse a través de un proceso que consiste en la transformación de dinero en mercancías de vuelta en dinero más utilidades. Esta es la producción de valor agregado que se transforma en la definición de capital como un proceso más que una cosa (Harvey, 2006, p. 20). Si la noción de valor involucra uso e intercambio, la generación de capital es determinada por la expansión de ambos, pero no necesariamente en una proporción balanceada. De hecho, estos equilibrios (o desequilibrios) han definido diferentes procesos con resultados diversos, como los tres momentos que se presentan a continuación:
- Los contextos de informalidad habitacional (Fig. 1) presentes en forma masiva desde fines de los 60 están determinados por la noción de valor de uso en su concepción más básica, como refugio y medio de subsistencia, dada la precaria condición física de las viviendas e infraestructura y problemas sociales como el empleo informal y la falta de educación. Sin embargo, desde la perspectiva de De Soto, para quien la propiedad formal provee la posibilidad de generar capital, el valor de intercambio de la vivienda informal tiende a cero.
- Entre mediados de los 70 y los 2000, las políticas habitacionales se enfocaron en entregar terrenos, viviendas básicas y derechos de propiedad en un intento de balancear valor de uso y valor de intercambio, incrementando el segundo. Sin embargo, la relocalización de los residentes informales en las periferias (Fig. 2) no incrementó el valor de intercambio dado el bajo precio de los terrenos, la pobre calidad de las viviendas y la segregación de la población vulnerable de las redes físicas y sociales de la ciudad, disminuyendo la capacidad de producir valor social de uso. Como resultado, ambos tipos de valor tendieron a cero.
- A mediados de los 2000, la política habitacional introdujo el Subsidio Diferenciado a la Localización para separar el financiamiento del suelo del de las viviendas y establecer condiciones mínimas para financiar terrenos integrados a las redes previas de las familias y los servicios de transporte, salud y educación. De esta forma se agregó a la provisión de derechos de propiedad la importancia de su localización, incrementando el valor de intercambio a tasa de mercado.
Bajo el sistema capitalista, la vivienda como principal componente de urbanización, puede ser visto, como una mercancía y por lo tanto tiene la capacidad de expandir su valor, de generar capital. De acuerdo a la descripción indicada por De Soto, capital no es la acumulación de recursos, sino el potencial que tienen de generar nueva producción (De Soto, 2000, pp. 41-42). La vivienda representa parte importante del patrimonio de los sectores más vulnerables, ya sea bajo esquemas de propiedad o no. Por lo mismo, es fundamental que las viviendas, los barrios y sus entornos tengan la capacidad de aumentar su valor en el tiempo, incluyendo el potencial de ser intercambiados y de general valor social de uso. Desde la perspectiva capitalista, ambos representan plusvalía.
El hecho que capital sea un proceso, significa que no es un concepto binario determinado por su simple existencia o inexistencia. De hecho, De Soto indica, que el capital muerto existe porque hemos olvidado o nunca nos hemos dado cuenta que convertir un recurso físico para generar capital requiere un proceso muy complejo (De Soto, 2000, p. 40). Entonces, capital muerto no es un sinónimo de falta de capital, pero revela la existencia de limitaciones para incrementar valor. Como Harvey sentencia, la población de bajos ingresos también debe producir plusvalía reproduciendo la relación entre capital y el trabajo que es socialmente necesario (2006a, p. 33). Esta lógica confirma que la vivienda económica y más aún sus residentes, poseen valor de uso y/o valor de intercambio, que pueden evolucionar en capital de acuerdo a lo que sea posible sobrepasar ciertas limitaciones.
A pesar de la evolución de las políticas de vivienda chilenas, al construir un potencial respecto a la generación del capital para los habitantes más vulnerables, ellas no han sido exitosas incrementando el valor de uso de la misma forma que el valor de intercambio. Esta situación refuerza el desbalanceado foco entre los aspectos cuantitativos y cualitativos de vivienda y revela la complejidad de enfrentar el valor de uso como mayor responsable de remediar la deuda habitacional actual. Aumentar el valor de uso involucra cuán bien vivienda sirve al residente (Turner, 1979, p. 114), pero también cómo la vivienda produce valor de uso para otros (Harvey, 2006, p. 8) y esta aproximación social implica la revisión de la noción de trabajo. La voluntad de las personas en invertir sus recursos dependiendo de las satisfacciones que esperan como resultados (Turner, 1979, p. 51). Sin embargo, esos recursos generados por el trabajo no deben ser entendidos desde una perspectiva cuantitativa sino como el tiempo invertido socialmente que genera el valor de las mercancías (Harvey, 2006). Consecuentemente, el desafío de incrementar el valor social de uso en vivienda yace en la capacidad de los residentes de invertir su trabajo construyendo relaciones y redes para generar valor de uso individual y colectivo, que significa construir identidad.
Capital e identidad
Identidad es vista como capital, fortaleciendo las relaciones con otros (Sen, 2006, pp. 2-3). Castells entiende identidad como el proceso de construcción de significado (1997, p. 6) que no debe implicar la construcción de homogeneidad dentro de una comunidad cuyos miembros tienen atributos culturales distintos. Por el contrario, las identidades emergen desde las diferencias, coexistiendo en una mixtura en vez de en una relación dialéctica en la cual una responde a la otra (Dovey, 2010, p. 22). En la misma línea, también es posible reconocer diferentes identidades. En un contexto determinado por relaciones de poder, Castells categoriza identidades en relación a los procesos que las crean, identificando la identidad-legitimadora, introducida por las instituciones dominantes de la sociedad para expandir su dominio; identidad-resistencia, creada por actores en condiciones devaluadas generadas por las estructuras dominantes e identidad-proyecto, cuando actores sociales construyeron una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad, transformando todo eso en la configuración social (1997, pp. 7-8).
A pesar que estas categorías se presentan separadamente, ellas pueden ser entendidas como una secuencia para incrementar el valor social de uso en la vivienda. La necesidad de quienes habitan en condiciones de marginalidad implica la formación de comunidades territoriales de subsistencia colectiva como resistencia contra las leyes del mercado. Entonces, la identidad-proyecto, consolida o reformula el significado de los más vulnerables para ellos mismos dentro de la sociedad. Este proceso produce sujetos que no son individuos, sino actores sociales colectivos cuyos individuos alcanzan significado holístico en su experiencia (Castells, 1997, p. 10). Una iniciativa de vivienda colectiva es un catalizador para evolucionar desde resistencia a identidad-proyecto, transformándose en el cambio de la construcción de identidades, desde una necesidad colectiva a intereses colectivos. Esto también implica la necesidad de relaciones más fuertes dentro de las comunidades, incrementando el sentido de pertenencia a un territorio pero más aún a un grupo de personas, abriendo una oportunidad para incrementar el valor social de uso. La noción de capital también tiene una componente social referida a las conexiones y redes entre individuos basadas en los valores de reciprocidad y confianza (Putnam, 2000, p. 19). Entonces, el proceso de construcción de sujetos es un proceso de incremento de capital. Una etapa final implica la construcción de identidad-legitimadora que genera sociedad civil y prolonga las dinámicas del estado pero profundamente enraizadas en la gente (Castells, 1997). A pesar que la incapacidad del mercado de remediar las condiciones habitacionales de los más vulnerables implica un rol liderado por el estado, en el caso chileno las políticas no han abordado de forma contundente la oportunidad de promover la construcción de identidades hacia la consolidación de una sociedad civil que, en consonancia con el estado, pueda construir una mayor identidad o ser catalizador de cambio político.
Reformulando el involucramiento del estado usando leyes como herramientas principales, una identidad-proyecto basada en una identidad-resistencia de las comunidades con carencias habitacionales, puede evolucionar en una identidad-legitimadora hacia la construcción de una sociedad civil más fuerte.
El proceso social de construcción de identidades tiene implicancias físicas, espaciales y geográficas y al mismo tiempo es formada por ellas. Si urbanización es una organización social particular en espacio y tiempo, implica transformación social. Sin embargo, es también a través del decaimiento urbano y la degradación social que los excedentes se devalúan y destruyen dependiendo de cómo las diferentes fuerzas se abrazan en el proceso (Harvey, 1985, p. 222). Consecuentemente, la forma en que las identidades son sociales y espacialmente construidas (o no) dentro de los procesos de vivienda, determinan la posibilidad de incrementar o disminuir su valor social de uso para los sectores más vulnerables.
La vivienda como uno de los componentes relevantes de la noción de espacio desde una perspectiva geográfica y urbana, aún es reducida a la forma física. La vivienda económica es frecuentemente abordada desde un punto de vista material para palear el déficit, entonces, remediar la deuda habitacional debe ser entendida más allá de la perspectiva física, donde los actores principales son los mismos residentes. Ellos representan la necesidad y son los sujetos para quienes la vivienda representa una oportunidad de redefinir sus identidades que son construidas por la interacción de actores sociales de acuerdo a sus posiciones e intereses en relación a otros. También pueden originarse identidades desde las instituciones dominantes, pero sólo cuando los actores construyen su significado alrededor de la internalización mutua de ellos (Castells, 1997, p. 7). Consecuentemente, la intervención del estado a través de políticas, necesita responder a la provisión de casas pero más aún a crear sentido al sitio donde la intervención es sentida y necesita ser accesible y significativa también para los propios residentes (Pinnegar, 2009, p. 2923). El barrio provee el espacio más estratégico para las políticas (Ibid., p. 2924) pero necesita ser entendido también desde su composición social para construir identidad-proyecto que pueda llevar a una identidad-legitimadora e incrementar el valor social de uso de la vivienda.
Las identidades son la principal fuente de significado y significado es la identificación simbólica del propósito de la acción de un actor social (Castells, 1997, p. 7). Entonces, el desafío de construir identidades más allá de la etapa de resistencia implica la construcción efectiva de sujetos, quienes son actores sociales colectivos para alcanzar significado. La vivienda representa una necesidad y simultáneamente un propósito para los sectores más vulnerables. De hecho, el proceso para alcanzar significado presupone el entendimiento de un propósito colectivo con el que las comunidades se tienen que identificar simbólicamente. A su vez, las identidades son plantadas en lugares (Dovey, 2010), que estabilizan las viviendas pero más aún son ensamblajes cuyas propiedades emergen de la interacción entre sus partes y no sólo incluyen cosas, sino también prácticas (Ibid.). Esta perspectiva refuerza la condición de proceso de la vivienda, donde la acción de los residentes como protagonistas determina la posibilidad de construir sus identidades y desde sus lugares. Más aún, estos sitios tienen intensidades que son directamente efectos deseados o calidades, más allá del significado que emerge de su construcción y uso (Dovey, 2010, pp. 25-26). Entonces, el concepto de lugar integra la dimensión física de vivienda y su valor de uso incluyendo la relevancia de calidad como parámetro, provee simultáneamente la base para construir sujetos y traspasar la barrera impuesta por la identidad-resistencia y el entendimiento de sujetos a nivel individual, alcanzando efectivamente una etapa de identidad-proyecto.
Consecuentemente, el desafío del estado como mayor responsable de remediar la deuda habitacional, es promover efectivamente la creación de lugares por los mismos residentes. Desde un punto de vista físico, en el contexto chileno no sólo significa fijar estándares y garantizar los recursos sino va más allá aún, que es diversificar y fortalecer los requerimientos de habilitación social en relación a las infraestructuras y servicios colectivos. Socialmente, esto también implica expandir el alcance de la habilitación social, fortaleciendo su implementación desde las mismas comunidades en relación a sus propios diagnósticos y fomentar esquemas de copropiedad adaptados a vivienda social promoviendo la gestión colectiva de los barrios. En otras palabras, el desafío es cómo empoderar a los propios residentes a hacer sus propias contribuciones a los procesos de mejoramiento de sus condiciones de vivienda.
Como etapa siguiente, la posibilidad de escalar de identidad-proyecto a identidad-legitimadora depende del involucramiento de otras instituciones, pero principalmente del estado. Aunque esta capacidad de escalar desde iniciativas basadas en el territorio involucran tensiones difíciles entre sus definidas o indefinidas fronteras (Pinnegar, 2009, p. 2923), la relación entre la sociedad civil y el estado a través de éstas abre la posibilidad de construir una identidad a escala mayor. Si las diferencias individuales construyen identidad, el proceso escalado significa que identidades diferentes construyen capital social. De hecho, la idea central del capital social es que las conexiones entre individuos, sus redes sociales y las normas de reciprocidad y confiabilidad que surgen de ellas tienen valor (Putnam, 2000, p. 19).
Como las identidades, el capital social es un recurso colectivo basado en la reciprocidad., lo que hace posible distinguir el capital social de vinculación afectiva que refuerza la solidaridad e identidad construyendo relaciones cerradas, y el capital social puente que construye redes abiertas de conocimiento que pueden ser transformadas en poder político (Dovey, 2010, p. 34). Consecuentemente, el desafío de vivienda es consolidar el primero dentro de las comunidades y construir el segundo entre ellas y la ciudad, incrementando el valor social de uso. Si la vivienda es edificada desde los residentes y soportada por el estado, provee la perfecta escala y oportunidad para construir identidades dentro de las comunidades y capital social más allá de ellas, pudiendo remediar efectivamente la deuda habitacional actual.
A mediados del 2000, la incorporación del Plan de Habilitación Social (actualmente Plan de Acompañamiento Social) como parte de la implementación de la política habitacional de viviendas nuevas, ha enfrentado directamente las lagunas previas en la generación de valor de uso. Éste entiende el valor de uso más allá de la necesidad de refugio, reconociendo la importancia de la interacción entre vecinos y de ellos con sus redes sociales y urbanas. Sin embargo, los resultados han sido diversos. Mientras algunas instituciones que gestionan proyectos para familias vulnerables han tomado ventaja de estos instrumentos para generar cohesión social (Fig. 3), otras los han utilizado como herramienta para aumentar sus utilidades, distorsionando el objetivo inicial. Por otra parte, los grados de indefinición de dichos planes y la falta de incentivos y supervisión para su implementación apropiada han permitido a algunos gestores convertirlos simplemente en documentos firmados por las familias, haciendo utilidades adicionales con fondos públicos destinados a ellas.
Hacia la desmercantilización
Si el valor de uso es mayor que el valor de intercambio, el cual a su vez, es equivalente al valor de mercado, la diferencia entre ellos sólo representa valor para los residentes. El valor social de uso que puede ser alcanzado por las comunidades durante los procesos de vivienda no es transable bajo criterios de mercado porque es mayor que el valor de intercambio. A pesar que la vivienda adquiere el potencial de ser intercambiado a tasa de mercado por sus condiciones de calidad, no hay incentivo para transformarla en dinero como una simple mercancía. En vez de promover los derechos de propiedad individual de acuerdo a De Soto (2000), esta aproximación fomenta el sentido de propiedad colectivo. Este proceso representa la potencial desmercantilización de vivienda.